El último discurso del gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, al igual que su condición de aliado estratégico con Nación –y por ende de Cambiemos- no solo le trajo beneficios por ello a la provincia como los que se conocieron respecto a la rencilla sobre el precio del barril criollo de petróleo o bien el nuevo convenio laboral para Vaca Muerta, o también el dinero que se consiguió tras la visita a los EE.UU para recibir un crédito del BID –no reembolsable- sino que además deberá generar ciertos escenarios como los que se piensan desde la Casa Rosada.
Cuando Gutiérrez visitó hace pocos días la Cámara de Diputados para dejar inauguradas las sesiones ordinarias del presente año y allí dar un repaso de las acciones desarrolladas en 2016, de sus 21 proyectos presentados seleccionamos uno –iremos dando a conocer en detalle los demás en otras notas- que se encamina a igualar la norma legal que ya fue publicada en un decreto en el Boletín Oficial.
Si bien el concepto que se conoce sobre Participación Público-Privada es amplio e incluye cualquier forma de cooperación entre actores públicos y privados, hay una referencia más restringida que implica que exista una finalidad para el desarrollo de una infraestructura pública y/o el desempeño de un servicio con participación privada (en la financiación y/o en la gestión), una transferencia de riesgos y/o una relación contractual a largo plazo.
Otra definición de PPP, a través de la mirada del Banco Mundial -que el mismo Poder Ejecutivo Nacional tomó como referencia durante el debate previo a su sanción- expresa que es “un contrato a largo plazo entre una entidad privada y un gobierno, para proporcionar un bien o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo significativo y una responsabilidad de gestión, y al mismo tiempo la remuneración está vinculada al desempeño”.
Lo cierto es que esta nueva Ley puede abrir una cantidad de posibilidades interesantes para el desarrollo de proyectos, porque manteniendo la tutela de los intereses públicos y privados comprometidos en estas contrataciones, puede resultar moderno, ágil y competitivo frente a las opciones tradicionales.
“A través de esta ley queremos articular con aquellos inversores interesados en el desarrollo de los parques eólicos de la provincia. Es una norma muy importante para fortalecer su desarrollo”, dijo Gutiérrez desde el atril de la Honorable Legislatura.
Existen ejemplos exitosos –Argentina no posee casos significativos- como las autopistas de Chile; dragados fluviales en Colombia y Paraguay; aeropuertos y servicios aeronáuticos en la mayoría de los países latinoamericanos; ferrocarriles en Colombia, Perú, Brasil y Uruguay; centros hospitalarios y laboratorios de investigación en el Reino Unido, Japón, España y Chile; entre otros.
El Estado Provincial, una vez conocida la norma, podría actuar como contratante y el sector privado como contratista, buscando desarrollar también proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica.
La Ley nacional dice que es la administración pública quien deberá primero evaluar la conveniencia de esta nueva modalidad (Participación Público-Privada) frente a las tradicionales, previendo especialmente los aspectos financieros y presupuestarios necesarios para llevar adelante tal contrato.
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