El gobernador Omar Gutiérrez mantuvo el último viernes una videoconferencia con intendentes, legisladores provinciales y nacionales, funcionarios del gabinete y fuerzas de seguridad. Luego anunció una serie de medidas sociales, económicas, crediticias, impositivas y financieras, incluso adelantó que se podrá apoyar en la última ley de emergencia sancionada por la Legislatura.
Serán unos 73 los agentes que se sumarán al sistema de Salud provincial, además habrá un cupo de 300 agentes más que estarán destinados a la emergencia.
Para las pymes, autónomos y monotributistas, principalmente el compromiso apuntó al sostenimiento del empleo. Las medidas tributarias son prórrogas en el vencimiento de Ingresos Brutos, el Inmobiliario y Sellos. Asimismo se prorrogará la moratoria actualmente vigente.
Se eximirá del impuesto a los Sellos a las operaciones instrumentadas, dentro del marco del decreto de emergencia 366/2020. Por otra parte, se levantó la exigencia del certificado de cumplimiento fiscal y se suspenderán las intimaciones hasta el 30 de abril. Estas medidas alcanzan a 30.000 contribuyentes.
El Banco Provincia del Neuquén (BPN), con su presidente Alejandro Visentín escuchando la videoconferencia, se dispuso de $ 2.300 millones para líneas de financiamiento vigentes, involucrando a los sectores del comercio y servicios (prestadores, instituciones y profesionales de salud para inversiones), turismo, ganadería, para la cadena de valor “Vaca Muerta” y de eficiencia energética.
La línea “emergencia coronavirus” tendrá un cupo de $ 1.000 millones, destinada a las MiPyME que tengan actividad afectada y el destino será capital de trabajo y bienes de capital. Con un monto máximo por cliente de $ 10 millones.
Para micros y pequeñas empresas, autónomos y monotributistas que no pueden acceder al BPN y que hayan sido afectados por la pandemia, podrán tramitar montos menores a través IADEP ayudadas por las cámaras empresarias locales. Acá hay un cupo inicial de $ 100 millones.
El “dispositivo provincial de módulos alimentarios de emergencia” asistirá las situaciones de mayor vulnerabilidad, complementando o bien potenciando medidas anteriores. También acercará la tarjeta AlimentAr de Nación y las ayudas para los monotributistas. Se entregarán otros 30.000 módulos mensuales, ejecutando unos $ 46 millones.
Por último, y respecto a la última ley 3.230 de emergencia, el gobierno podrá establecer como “camas públicas” a todas las camas del sistema público y privado, así como a sus recursos humanos. Esto incluye obras sociales, medicina prepaga y otros sectores privados no vinculados a la salud, para utilizar sus camas y que los recursos humanos estén a disposición mientras dure la emergencia.
Los funcionarios públicos de los tres poderes podrían ser convocados, se elaborará un plan de protección ciudadana en la contención física, psíquica y social y fortalecer medidas para la protección de las mujeres víctimas de violencias de género.
Se suspenden desalojos y cualquier ejecución judicial y/o fiscal que haya sido motivada por las consecuencias económicas de esta emergencia. Se podrán suspender también la ejecución de sentencias contra el Estado.
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