Gobernadores miembros de la OFEPHI acordaron solicitarle a Nación un barril criollo de US$ 54

Se lo hicieron saber a través de una carta enviada al secretario de Energía, Sergio Lanziani, quien podría tener una respuesta la semana que viene, todo en un contexto difícil y de emergencia sanitaria por el coronavirus.

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Son 10 las provincias que integran la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), y en el documento fundamentan la cifra. “Buscamos una solución integradora que permita el desarrollo de las inversiones del sector privado, el equilibrio de los precios internos de los combustibles y las economías regionales de cada provincia productora de petróleo y gas”.


Las provincias que integran la OFEPHI son Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Principalmente, y la voz de Neuquén se impuso ante otras provincias por la específica situación que busca reactivar Vaca Muerta, una de las propuestas reclama “fijar un precio de barril sostén pagado al productor de US$ 54, equivalente al valor utilizado en las últimas liquidaciones correspondientes a las operaciones del mes de enero, a partir del 1 de marzo de 2020”, en modo retroactivo.

Además consignaron en el “paper” (enviado este miércoles por la noche) cuestiones sobre la exportación, aquí hablan de los derechos para “establecer un esquema variable en función del precio internacional donde la alícuota tienda a 0% para el caso de las provincias exportadoras de petróleo”.

En otro punto mencionan que se deben “mantener los precios de los combustibles en surtidor vigentes a partir del 1 de marzo de 2020” y “trabajar de manera conjunta en un marco jurídico que permita dotar de previsibilidad a las inversiones del sector, de manera de lograr la competitividad y sustentabilidad del sector hidrocarburífero nacional”.


Finalmente, desde la OFEPHI pidieron la “liberación de exportaciones para excedente por sobre las necesidades del mercado interno”.

Según explicó la organización hay que “atravesar esta situación absolutamente ajena a las realidades económicas, sociales y productivas de la Argentina, para evitar perjuicios, en algunos casos de muy difícil recuperación y que colocarían en serio riesgo, la paz social, el empleo y la seguridad energética del país”.

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