Neuquén descentraliza políticas sociales con una inversión anual de 2.400 millones de pesos

La Provincia de Neuquén avanza con convenios junto a municipios y comisiones de fomento para fortalecer políticas de niñez, discapacidad y personas mayores en todo el territorio neuquino.

El Gobierno de Neuquén continúa avanzando en un esquema de descentralización de políticas públicas sociales con una inversión anual de 2.400 millones de pesos destinada a fortalecer la aplicación territorial de programas vinculados a niñez, adolescencia, personas mayores y personas con discapacidad.

La iniciativa es impulsada a través del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y contempla la transferencia trimestral de aportes económicos no reintegrables a municipios y comisiones de fomento que adhieran a los convenios de descentralización.

Según se informó oficialmente, los fondos estarán destinados a la implementación de acciones vinculadas a las leyes de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y Protección Integral para Personas con Discapacidad.

En esta primera etapa ya firmaron los acuerdos los municipios de Villa La Angostura y Junín de los Andes, junto a las comisiones de fomento de Villa Traful y Pilo Lil. Próximamente se incorporarán el resto de las localidades de la provincia.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, destacó la importancia del trabajo conjunto con los gobiernos locales para garantizar una respuesta más rápida frente a situaciones de vulnerabilidad social.

“Detrás de cada firma hay un gran trabajo en equipo. La articulación con municipios y comisiones de fomento es fundamental porque son quienes conocen de cerca cada realidad y pueden llegar más rápido a las familias que necesitan acompañamiento”, expresó.

Desde Provincia señalaron que el objetivo es consolidar un modelo de gestión articulado que permita fortalecer la presencia territorial del Estado y mejorar la capacidad de respuesta social en cada región.

La medida forma parte de una estrategia provincial orientada al ordenamiento y redistribución de recursos, buscando fortalecer la inclusión y garantizar derechos a través de políticas públicas con mayor cercanía territorial.

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