Etcheverry destacó que los empresarios mostraron un gran interés en formalizar su intención de compra mediante una carta, lo que abre la posibilidad de readecuar y reconvertir las instalaciones de la PIAP para iniciar la producción de amoníaco, además de agua pesada. La planta, operada por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) y propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), fue construida en la década de 1990 con una inversión de aproximadamente 1.000 millones de dólares, con el objetivo de producir 200 toneladas de agua pesada al año. Sin embargo, dejó de operar en 2017 debido a la falta de demanda.
La producción de agua pesada se utiliza principalmente en las centrales nucleares argentinas, que requieren entre 10 y 12 toneladas anuales para su reposición. Con una sola línea de producción, la PIAP tiene la capacidad de generar aproximadamente 80 toneladas anuales. Un estudio técnico realizado por ENSI ha determinado la viabilidad de reactivar la producción de amoníaco o urea, una inversión que podría ascender a varios cientos de millones de dólares.
En la actualidad, Latinoamérica importa más de cinco millones de toneladas de fertilizantes hidrogenados por año, y con una línea de producción, la PIAP podría satisfacer una parte importante de esta demanda al ser capaz de producir un millón de toneladas. El gobierno de Neuquén está trabajando arduamente para reactivar la planta y ha llevado a cabo gestiones y reuniones con el gobierno nacional para facilitar este proceso.
Además del interés en el amoníaco, la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada tiene un impacto significativo en el ámbito económico y ambiental de la región. La producción local de amoníaco podría reducir la dependencia de importaciones de fertilizantes, favoreciendo la autosuficiencia y la sostenibilidad agrícola en el país. En un contexto donde el uso de fertilizantes es crucial para la producción agrícola, contar con una fuente local de amoníaco no solo beneficiaría a los agricultores, sino que también contribuiría a una gestión más eficiente de recursos y a una reducción de la huella de carbono asociada al transporte de estos insumos.
El respaldo de empresas internacionales como Marubeni también subraya el interés de Japón en establecer lazos comerciales más profundos con Argentina, particularmente en el sector energético y químico. Este tipo de colaboración podría abrir oportunidades para el desarrollo de tecnologías más avanzadas y prácticas sostenibles en la producción de fertilizantes, impulsando así el crecimiento de la industria en Neuquén y la región. A medida que el país busca diversificar sus exportaciones y atraer inversiones, la asociación con empresas japonesas puede resultar fundamental para lograr estos objetivos.
Finalmente, la recuperación de la PIAP es parte de una estrategia más amplia del gobierno neuquino para revitalizar la economía local y fomentar la inversión en sectores estratégicos. La planta no solo representa una oportunidad para el crecimiento económico a través de la producción de amoníaco y agua pesada, sino que también puede convertirse en un centro de innovación en tecnología industrial. La combinación de inversiones extranjeras y el potencial de la planta para generar productos de alta demanda puede ser el impulso necesario para posicionar a Neuquén como un líder en la producción de fertilizantes y productos químicos en la región.
Empresarios japoneses están interesados en comprar amoníaco a Neuquén (abriendo la posibilidad de readecuar las instalaciones de la PIAP)
El ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, recibió a una delegación de empresarios japoneses de la empresa Marubeni S.A., quienes manifestaron su interés en adquirir amoníaco que podría producirse en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en Arroyito. Durante su visita, los empresarios, encabezados por Yasuhiro Aoto, director de Chemical Business for South America, y Hiroshi Kamada, presidente de la empresa en Argentina, realizaron un recorrido por las instalaciones de la planta junto a otros funcionarios provinciales y representantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
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