Sapag advierte que “en Neuquén hay 30.000 familias en riesgo y 700 pymes”

La diputada nacional Alma “Chani” Sapag le pidió al Gobierno Nacional que establezca el barril criollo “más allá de la emergencia sanitaria” y un esquema variable de los derechos de exportación.

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La legisladora propuso que, hasta tanto se regularice el mercado internacional, Nación establezca “un precio sostén del barril de petróleo nacional en US$ 54”, y que defina “un esquema variable de los derechos de exportación en función del precio internacional, en donde la alícuota tienda a cero para las provincias exportadoras de petróleo”.


A esto le sumó un pedido por “la liberación de las exportaciones para el excedente por sobre las necesidades del mercado interno; el mantenimiento de los precios de los combustibles en surtidor vigentes al 1° de marzo; y la elaboración de manera conjunta Nación-Provincias de un marco normativo que brinde previsibilidad a las inversiones en el sector, dotando a la actividad hidrocarburífera nacional de competitividad y sustentabilidad”.

Este proyecto enviado al Poder Ejecutivo le solicita tome medidas con carácter urgente. El objetivo es “evitar perjuicios muy significativos para nuestra ciudadanía y para la Nación en su conjunto en lo relativo a su seguridad energética”, expresó.

“El coronavirus, la disputa entre Arabia Saudita y Rusia”, podría comprometer recursos de las provincias productoras en los $ 3.800.000.000 mensuales, monto que si se anualizara significaría dos meses de sueldos de los agentes provinciales”, explicó.

Para la diputada, “no prestar la debida atención a este problema ocasionará la pérdida de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en el sector hidrocarburíferos; tan solo en Neuquén están en riesgo unas 30.000 familias y 700 PyMEs”.


Estas propuestas ya fueron enviadas en notas al secretario de Energía, Sergio Lanziani; al ministro de Producción, Matías Kulfas; al presidente de YPF, Guillermo Nielsen, y miembros del directorio; a los presidentes de bloques de Diputados y Senado; a los presidentes de las comisiones de Energía de ambas Cámaras y a legisladores representantes de provincias hidrocarburíferas.

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