Una de las principales amenazas al sistema es la figura del perito médico judicial. Lejos de actuar como agentes técnicos independientes, muchos de estos profesionales han pasado a ser el eje de una litigiosidad creciente, alimentada por intereses económicos ajenos al espíritu del sistema. La Ley 27.348 establece que los peritos deben ser parte de cuerpos médicos forenses, elegidos por concurso y con honorarios fijos. Sin embargo, la práctica dista mucho de esta normativa.
Hoy, cualquier profesional puede inscribirse en un listado judicial sin una evaluación previa de su idoneidad. Peor aún, su remuneración está atada directamente al porcentaje de incapacidad que determina, lo que genera un incentivo perverso: a mayor incapacidad asignada, mayor es la ganancia personal. Esta lógica distorsionada afecta la transparencia del proceso y mina la confianza en los dictámenes periciales.
El resultado es preocupante. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y las aseguradoras del sistema (ART) han comenzado a investigar posibles fraudes sistemáticos. Se han detectado casos donde trabajadores reclaman incapacidades del 92% por dolencias que no les impiden seguir desarrollando sus tareas habituales. En algunos expedientes, la sumatoria de incapacidades incluso supera el 100%, un hecho médicamente absurdo.
Este escenario genera consecuencias institucionales profundas. En lugar de garantizar dictámenes objetivos y justos, el sistema ha pasado a premiar la exageración. La imparcialidad desaparece y las indemnizaciones terminan siendo desproporcionadas, lo que desvirtúa completamente la finalidad de la reparación del daño. El número de juicios por riesgos del trabajo lo refleja claramente.
Durante este año se espera superar los 132.000 juicios por este tipo de reclamos, una cifra récord que no encuentra explicación en una mayor cantidad de accidentes laborales. Lo que hay detrás es una cadena de incentivos económicos que convierte el sistema en un negocio: estudios jurídicos que promueven demandas exageradas, peritos que maximizan evaluaciones y un circuito que opera más como un mercado que como un ámbito de justicia.
El impacto es tangible. La creciente litigiosidad compromete la estabilidad financiera del sistema, encarece los costos laborales y desalienta la inversión privada. En particular, las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas, ya que deben afrontar un entorno de incertidumbre jurídica que limita su capacidad de crecer y generar empleo formal.
Pero los más perjudicados son los propios trabajadores. Cuando el sistema se enfoca en atender demandas judiciales con escasa legitimidad, se debilita su capacidad de respuesta ante los casos genuinos. Los recursos que deberían destinarse a prevención y mejora en las condiciones laborales se redirigen hacia litigios costosos e innecesarios.
En este contexto, no es necesaria una nueva legislación. Las normas existentes son adecuadas si se las aplica correctamente. La clave está en reformar el mecanismo de designación y remuneración de los peritos judiciales: conformar cuerpos médicos forenses transparentes, asegurar que sus miembros actúen con independencia técnica y desvincular su paga del resultado del juicio.
Restaurar la credibilidad del sistema de riesgos del trabajo es una urgencia. No solo está en juego la salud de los trabajadores, sino también la sostenibilidad del sistema, la competitividad del país y la confianza en las instituciones. Los mecanismos de control deben funcionar con rigor, y el objetivo debe ser el resguardo del trabajador, no el beneficio de unos pocos.
Desde Meopp ART Mutual, su gerente general, Gonzalo De la Sierra, remarca la necesidad de actuar con urgencia. “Es tiempo de poner fin a estas prácticas que desvirtúan la esencia del sistema”, advierte.
Si no se actúa pronto, el daño dejará de ser individual para volverse estructural, comprometiendo a todo el entramado laboral argentino.