La medida fue formalizada mediante la firma de un convenio entre la Inspección Provincial de Personas Jurídicas (IPPJ) y la entidad bancaria provincial. De esta manera, las organizaciones podrán abrir y mantener cuentas corrientes especiales sin costo alguno, en un esfuerzo por reconocer su rol esencial en la sociedad.
El beneficio alcanza a bibliotecas populares, centros de jubilados, cooperadoras escolares y hospitalarias, asociaciones de fomento rural y grupos que trabajan en materia de discapacidad. La intención es promover la accesibilidad financiera y simplificar la gestión contable de estas instituciones, muchas veces sostenidas por el esfuerzo voluntario de sus integrantes.
El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, subrayó que esta política forma parte de una serie de acciones orientadas a facilitar la regularización y el ordenamiento legal de las entidades intermedias. “Estamos propiciando que puedan realizar sus actividades de manera ininterrumpida con nuevas herramientas de accesibilidad en el orden jurídico y abogando para que la tecnología acompañe estos procesos”, destacó.
Por su parte, el presidente del BPN, Gabriel Bosco, remarcó la importancia de la articulación con organismos públicos. “Esta alianza estratégica se traduce en beneficios que impactan en el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil como primer eslabón de la sociedad”, expresó.
El acuerdo establece que cada entidad podrá contar con la bonificación de hasta dos cuentas corrientes especiales durante el mandato de sus autoridades registradas ante la IPPJ. Esta disposición busca garantizar previsibilidad y continuidad en el uso de los servicios bancarios.
La eliminación de costos de mantenimiento bancario también implica una simplificación de trámites administrativos. Las entidades podrán gestionar sus cuentas con menos requisitos burocráticos, lo que redundará en mayor agilidad y transparencia.
Durante la presentación del convenio, acompañaron a Tobares y Bosco el subsecretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Grandi; la coordinadora Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, María de Belén López; el Inspector Provincial de Personas Jurídicas, Esteban Junca; y Natalia Suste, responsable de Banca Oficial del BPN.
El convenio tiene un alcance provincial y pretende llegar a cada organización, sin importar su tamaño o ubicación. Así, el BPN asume un compromiso activo con el desarrollo de espacios comunitarios en el territorio neuquino.
El beneficio económico directo se combina con un acompañamiento institucional que busca fortalecer a las entidades como actores fundamentales en la cohesión social. La iniciativa también apunta a modernizar la relación entre el Estado, el sistema financiero y la comunidad.
Las autoridades provinciales anticiparon que este paso se inscribe en un proceso más amplio de actualización normativa y promoción de la vida asociativa, que incluirá otras medidas de apoyo en los próximos meses.