La actividad del rubro incluye a organizadores de eventos sociales y corporativos, empresas de catering, salones de eventos, empresas de sonido y técnica, ambientadores, fotógrafos, camarógrafos, servicios audiovisuales y diseñadores.
La propuesta incluye un programa de asistencia crediticia para las micro, pequeñas y medianas empresas y monotributistas, con créditos a una tasa del 0% anual y un período de gracia de, por lo menos, 12 meses desde el otorgamiento, con la posibilidad de que sea prorrogable en caso de extenderse el aislamiento o distanciamiento social, preventivo y obligatorio.
Los créditos deberán destinarse al sostenimiento de las actividades mientras duren las medidas y a la inversión para la compra de elementos y equipos de bioseguridad para el cumplimiento de los protocolos sanitarios que se implementen.
Además, plantea una moratoria especial por deudas tributarias provinciales y municipales atrasadas y la suspensión de cobro mientras dure el aislamiento social y por 6 meses más. Por otro lado, propone instituir un ingreso familiar de emergencia de 20 mil pesos, destinado a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos por la situación de emergencia sanitaria.
Los fundamentos mencionan que el sector registra una parálisis total desde el comienzo de las medidas preventivas para mitigar el avance de la COVID-19, al tiempo que advierten que el proceso de recuperación una vez superada la pandemia será lento por tratarse de uno de los últimos sectores que probablemente se reactivarán.
Además, mencionan que el sector de organización de eventos está compuesto por cientos de empresas que brindan servicios para actividades sociales, empresariales, todo lo que tiene que ver con ferias y congresos, reuniones de trabajo y todo lo que son festivales y eventos al aire libre.
“Es fundamental extremar esfuerzos para enfrentar no sólo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social”, señala la iniciativa.
En ese sentido, subraya que el Estado debe estar presente y agrega que las consecuencias económicas de la emergencia obstaculizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por trabajadores, comerciantes y pequeños y medianos empresarios del sector con anterioridad a la pandemia, al tiempo que impactan directamente en la disposición de recursos económicos para el sustento diario de sus familias.