Buscando la igualdad real de oportunidades para los productores más pequeños de la economía salteña

El Gobierno de Salta rubricó el convenio con el Foro de Intendentes para la implementación de la Ley 7568 que garantiza igualdad de oportunidades para ese sector de la economía provincial.

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El Gobierno provincial iniciará el Programa de regularización dominial y asistencia para pequeños productores agropecuarios y familias rurales, con la finalidad de promover la igualdad real de oportunidades y lograr el crecimiento e integración socioeconómica y productiva de la población rural vulnerable.

Para ello, el gobernador Juan Manuel Urtubey rubricó un convenio de colaboración entre el Gobierno provincial y el Foro de Intendentes de Salta. El acuerdo fue firmado por el jefe de Gabinete, Carlos Parodi; los ministros de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero; y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras; y el presidente del Foro de Intendentes y jefe comunal de Campo Santo, Mario Cuenca. Este acuerdo se enmarca en la aplicación y reglamentación de la Ley provincial 7568.

El Jefe de Gabinete destacó dos aspectos importantes de esta ley: el primero vinculado con la creación de un registro único de pequeños productores, que permitirá unificar los datos y focalizar acciones en beneficio de ese sector de la economía provincial. El segundo aspecto destacable de la ley es la suspensión de desalojos, para casos legales puntuales. En esta última situación, además del asesoramiento jurídico, el Gobierno proveerá asistencia gratuita a los pequeños productores, para resolver la titularidad de sus tierras.

 Sobre la Ley 7568

La Ley 7568 surge para atender las necesidades de la población rural de pequeños productores de la provincia y facultar a las familias rurales de atribuciones y derechos que les corresponden como poseedoras de sus tierras. Tiene como objetivos principales: reconocer la identidad cultural; promover la igualdad de oportunidades; reconocer el vínculo de los pequeños productores con la tierra que trabajan; garantizar el respeto de sus derechos humanos; y brindar seguridad jurídica para evitar futuros desalojos.

La norma define al pequeño productor como aquella persona física o jurídica cuyo emprendimiento productivo es ejercido directamente por el mismo o miembros de su familia. El pequeño productor es propietario de la totalidad o de parte de los medios de producción. Los requerimientos del trabajo son cubiertos principalmente por la mano de obra familiar o con aportes complementarios de asalariados.

Los beneficiarios podrán ser incorporados a los sistemas de consorcios de riego; obtener financiamiento, acceder a créditos, programas y planes especiales para realizar mejoras en sus viviendas y en sus sistemas de producción agropecuaria; obtener habilitación administrativa de los establecimientos agrícola ganaderos u otros de diversa naturaleza productiva y solicitar autorizaciones para desmontar de acuerdo a la normativa vigente en la materia.

Las acciones estarán a cargo de una Mesa Interministerial integrada por las carteras de Ambiente y Producción Sustentable; Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario; Infraestructura, Tierra y Viviendas; Derechos Humanos y Justicia; y Hacienda y Finanzas; además de la Comisión Bicameral, con la coordinación de la Jefatura de Gabinete.

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